MANIFIESTO POR LA JUSTICIA GLOBAL 2026
LA JUSTICIA GLOBAL NO SE RECORTA
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
En un mundo cada vez más interconectado, nuestra responsabilidad con la justicia, la paz y los derechos humanos tampoco puede tener fronteras.
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León (COODECYL) reivindicamos que la pobreza, las desigualdades y la vulneración de los derechos humanos no son inevitables. Son consecuencia de estructuras económicas, sociales y políticas que podemos y debemos transformar.
Vivimos un momento especialmente preocupante para la justicia global. Los conflictos armados, el aumento de las desigualdades, la emergencia climática y los desplazamientos forzados están poniendo en riesgo las vidas y los derechos de millones de personas. Naciones Unidas estima que 239 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 2026. Mientras tanto, el gasto militar mundial alcanza máximos históricos y los recursos destinados a la cooperación internacional experimentan recortes sin precedentes.
Las guerras y las graves vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario en Gaza, Sudán, Ucrania o la República Democrática del Congo, entre otros territorios, nos recuerdan la necesidad urgente de defender la protección de la población civil, el acceso a la asistencia humanitaria y la construcción de una paz justa y duradera. Una paz que requiere diálogo, prevención de conflictos, respeto al derecho internacional y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos humanos.
A estas crisis se suma un modelo económico global que continúa concentrando la riqueza y trasladando buena parte de sus costes sociales y ambientales a las comunidades que menos han contribuido a generarlos. La emergencia climática, el deterioro de los ecosistemas, el acceso desigual a los recursos y las dinámicas de explotación laboral y extractivismo amenazan especialmente los medios de vida de comunidades campesinas, pueblos indígenas y poblaciones históricamente excluidas.
También asistimos a preocupantes retrocesos en derechos y libertades. Las mujeres y las niñas siguen afrontando desigualdades estructurales y violencias específicas, mientras se cuestionan derechos conquistados durante décadas. Las personas migrantes y refugiadas, las personas LGBTIQ+ y otros colectivos discriminados encuentran nuevas barreras para ejercer sus derechos. Frente a los discursos de odio, el racismo y la exclusión, reivindicamos sociedades democráticas, diversas e inclusivas, construidas desde la igualdad, la convivencia y el respeto a la dignidad humana.
En este contexto, resulta especialmente contradictorio que, cuando más necesaria es la cooperación internacional, numerosos gobiernos estén reduciendo los recursos destinados a combatir la pobreza, proteger derechos y construir sociedades más justas.
La ayuda oficial al desarrollo de los principales países donantes sufrió en 2025 la mayor caída anual registrada por la OCDE.
Esta tendencia global tiene también su reflejo en Castilla y León.
El proyecto de Presupuestos de nuestra Comunidad para 2027 contempla una reducción del 59 % de los fondos destinados a cooperación al desarrollo, pasando de 4,76 a 1,95 millones de euros. Según el análisis realizado por COODECYL, la totalidad de los recursos previstos corresponde a compromisos adquiridos anteriormente, dejando sin financiación nuevas actuaciones de cooperación internacional y educación para la ciudadanía global durante 2027.
Resulta difícil conciliar este retroceso con el compromiso de contribuir a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la construcción de un mundo más justo. La cooperación al desarrollo es una política pública que permite transformar esos compromisos en actuaciones concretas, respaldando procesos impulsados por las organizaciones y comunidades locales, fortaleciendo sus capacidades y promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos.
Durante décadas, Castilla y León ha construido una trayectoria de solidaridad internacional gracias al compromiso de sus instituciones, organizaciones sociales, universidades, entidades locales y ciudadanía. Una trayectoria que forma parte de nuestra identidad colectiva y que encuentra reconocimiento en nuestro propio Estatuto de Autonomía y en la Ley 9/2006, de Cooperación al Desarrollo.
Debilitar esta política pública supone también debilitar los vínculos de solidaridad, los espacios de participación y la capacidad de nuestra sociedad para contribuir a la resolución de los grandes desafíos globales.
Porque cuando renunciamos a defender la dignidad humana más allá de nuestras fronteras, debilitamos también la defensa de esa misma dignidad dentro de ellas. La solidaridad internacional expresa los mismos principios de justicia social, igualdad y derechos humanos que queremos para nuestra propia Comunidad.
La atención a las necesidades sociales de Castilla y León y el compromiso con quienes afrontan situaciones de pobreza, violencia o exclusión en otras partes del mundo son responsabilidades compatibles y complementarias. Defender servicios públicos de calidad, una vivienda digna, la igualdad de oportunidades y una protección social efectiva en nuestro territorio es plenamente coherente con defender esos mismos derechos para todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido o vivan.
La justicia global también se construye desde nuestros municipios, nuestras escuelas, nuestras universidades y nuestras instituciones. A través de la educación transformadora, la participación ciudadana, el comercio justo, el consumo responsable y unas políticas públicas coherentes con los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Por todo ello, desde COODECYL reclamamos a las instituciones públicas que refuercen su compromiso con la cooperación al desarrollo, garanticen su financiación y continuidad, y mantengan espacios efectivos de diálogo y participación con la sociedad
civil. Pedimos que el proyecto presupuestario de Castilla y León para 2027 incorpore los recursos necesarios para impulsar nuevas actuaciones y preserve una política pública construida colectivamente durante décadas.
Reivindicamos, asimismo, una cooperación internacional que avance hacia los compromisos de financiación asumidos, fortalezca el protagonismo de las organizaciones y comunidades locales, incorpore la igualdad de género y la justicia ambiental, y contribuya a construir una paz basada en los derechos humanos.
Invitamos a toda la ciudadanía de Castilla y León a seguir defendiendo una sociedad abierta, solidaria y comprometida con el mundo. Una sociedad consciente de que nuestros derechos, nuestro bienestar y nuestro futuro están profundamente vinculados a los del resto de la humanidad.
Porque la justicia no termina en nuestras fronteras. Porque la solidaridad nos une y nos fortalece. Y porque el mundo que queremos construir también habla de la sociedad que queremos ser.
LA JUSTICIA GLOBAL NO SE RECORTA.
DEFENDER LOS DERECHOS EN CUALQUIER LUGAR ES DEFENDERLOS EN TODAS PARTES.
¡JUSTICIA GLOBAL YA!