En torno al 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para recordar que no podemos dar ni un paso atrás en los derechos logrados y que necesitamos seguir atajando las desigualdades y la emergencia climática para acabar con la pobreza y las injusticias de un modelo de producción y consumo que genera explotación y precariedad para buena parte de las personas en el mundo, al tiempo que favorece la acaparación de poder y beneficios en manos de unos pocos.
El sistema energético, las grandes empresas contaminantes, la agricultura y la ganadería intensivas causan estragos en la naturaleza. Guerras como las de Ucrania, Yemen o Palestina y las que se sufren en otros países, traen consigo consecuencias que pagan las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El 10% más rico de la población mundial somos responsables del 50% de las emisiones de efecto invernadero que agravan el calentamiento global, como hemos padecido este verano que se resiste a acabar. La emergencia climática está revirtiendo los últimos 50 años de avances en salud y reducción de la pobreza.
Nos preocupan, y mucho, cuestiones como la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación por racismo o cualquier discurso de odio, así como la persecución de quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza. 685 millones de personas viven en pobreza extrema; muchas en países ricos con recursos, más de 108 millones son desplazadas forzosas a causa de guerras o desastres naturales, y casi 50 millones viven en condiciones de esclavitud moderna, trabajo o matrimonio forzoso.
También en Castilla y León más de 525.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza, esto es el 22,1% de la población, mientras unas 170.000 viven en pobreza severa con menos de 560 € al mes. Y si miramos con algo más de detalle veremos como 1 de cada 3 personas en situación de pobreza vive en una zona rural y como el 25% de las personas jóvenes de la comunidad están en riesgo de exclusión social.
JUSTICIA GLOBAL
Entendemos la Justicia Global como la transformación de las relaciones de poder que generan desigualdades en cualquier parte, solo podrá ser alcanzada mediante el trabajo por la justicia económica, ambiental, feminista y antirracista así como por la defensa de los derechos humanos y la paz. Es por ello que demandamos que se reconozca, frente a quienes los niegan, que los problemas que hemos enumerado necesitan soluciones globales, que existen medidas concretas para abordarlos y que no podemos dejar a ninguna persona atrás, por lo que es urgente retomar la Agenda 2030.
Reclamamos al Parlamento y al Gobierno de España, para que a nivel estatal y a través de su participación en los organismos internacionales, impulsen:
– El cumplimiento de la Carta Social Europea revisada y ratificada por España en 2021, que obliga a los Estados a garantizar los derechos sociales y económicos fundamentales.
– La apuesta por una economía social y solidaria, basada en la justicia que ponga a las personas y al planeta por delante de los beneficios.
– La reforma de los sistemas impositivos a nivel estatal y global para grabar más a las rentas altas y a las grandes empresas y transnacionales.
– La erradicación de guaridas fiscales y la persecución del fraude y la elusión fiscal, para poder financiar un sistema de protección universal que permita atajar la pobreza global.
– La formulación de directivas, tanto en la Unión Europea como en el marco de la ONU y la OCDE, que condicionen las políticas fiscales regresivas que merman los ingresos públicos de los Estados.
– El impulso de un Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que garantice el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la UE, blinde el cumplimiento de la legislación internacional marítima para evitar naufragios y establezca vías legales y seguras para migrar y acceder a la protección internacional.
– La regularización ya de personas migrantes sin papeles y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
– El establecimiento de corredores humanitarios seguros en conflictos como los de Ucrania, Sudán, Siria, Armenia y Afganistán.
– La aprobación definitiva de la Directiva Europea y la ley española sobre “debida diligencia”, con disposiciones que contribuyan a evitar la impunidad ante la violación de los derechos humanos en las actividades empresariales y financieras internacionales.
– La creación de mecanismos internacionales efectivos de protección frente al hostigamiento y el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, especialmente en América Latina y República Democrática del Congo.
– La aceleración de las medidas frente a la emergencia climática en la próxima COP28 respecto a la implantación de energías renovables, movilidad y modelo agroindustrial, que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% para 2035 respecto a las emisiones de 2019, y la financiación de la adaptación para los países empobrecidos.
– La elaboración de un Estatuto Europeo de los trabajadores que garantice los derechos laborales y frene la explotación, las desigualdades y las diferencias entre países.
– Culminar la reforma del sistema de cooperación internacional basado en la justicia global y los derechos humanos, aumentar el presupuesto para alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, y fortalecer las capacidades de la Administración para ejecutar las políticas de cooperación.
A nivel autonómico y local en Castilla y León, ante la elaboración de los presupuestos para el 2024, reclamamos medidas para:
– Frenar y revertir las políticas fiscales regresivas para garantizar la suficiencia de financiamiento para las políticas públicas y los servicios sociales que sostienen la vida y el planeta.
– Incrementar las ayudas a la producción y el comercio locales responsables con el territorio, y facilitar la distribución de productos de comercio justo.
– Priorizar las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la exclusión social, incluyendo la inserción laboral y el empleo digno, así como el acceso a la vivienda y a la formación de manera equitativa y no segregada,
– Mantener y aumentar las políticas que contribuyan a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y a prevenir la violencia contra las mujeres.
– Cumplir con los compromisos firmados a nivel autonómico y local por los partidos políticos, para incrementar los fondos destinados a cooperación internacional y garantizar la existencia de una dirección general y concejalías con recursos y personal formado suficiente para llevar a cabo las políticas de cooperación.
– Establecer políticas que prioricen la creación de comunidades energéticas locales con energías verdes, y la protección de nuestro patrimonio natural.
– Incluir en el currículum educativo el fomento del consumo consciente y responsable, la formación en derechos laborales e igualdad, y el combate a los discursos de odio.
Por ello, un año más, recordamos que no vamos a permitir QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS. JUSTICIA GLOBAL ¡Ya!