Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón reducen sus fondos de cooperación al desarrollo. Las ONG alertan del riesgo de paralizar proyectos y desmantelar políticas construidas durante décadas.
Los acuerdos políticos alcanzados por PP y Vox en diferentes comunidades autónomas plantean una reducción significativa de los fondos destinados a cooperación internacional. Las organizaciones sociales alertan de que estas decisiones pueden provocar la desaparición de programas consolidados durante décadas.
Las políticas autonómicas de cooperación al desarrollo atraviesan un periodo de incertidumbre. Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón han anunciado o aplicado recortes presupuestarios que afectan a proyectos internacionales, programas de ayuda humanitaria y actividades de educación para el desarrollo realizadas dentro de España.
Estas medidas están vinculadas, en buena parte, a los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox, que incorporan el concepto de “prioridad nacional” como criterio para orientar el gasto público. Los gobiernos autonómicos defienden que los recursos deben concentrarse en las necesidades de sus propios territorios, mientras que las organizaciones no gubernamentales consideran que se está desmantelando una política pública construida durante décadas.
Extremadura reduce drásticamente su presupuesto
El caso más significativo es el de Extremadura. El presupuesto destinado a cooperación internacional para 2026 ha pasado de alrededor de 11 millones de euros a 2,7 millones.
Las organizaciones extremeñas sostienen que la cantidad restante apenas permitirá mantener una estructura administrativa mínima y que resultará insuficiente para convocar nuevos programas o garantizar la continuidad de los existentes.
La reducción también ha afectado a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuya directora presentó su dimisión. El Gobierno regional asegura que la agencia seguirá funcionando dentro de una estructura más reducida y adaptada a sus nuevas prioridades presupuestarias.
Las ONG advierten de que el impacto no se limitará a los proyectos ejecutados en otros países. Los fondos también sostenían campañas educativas, investigaciones universitarias, programas humanitarios y puestos de trabajo tanto en Extremadura como en los territorios donde se desarrollan las iniciativas.
Castilla y León limitará la cooperación al mínimo legal
En Castilla y León, el Gobierno autonómico ha anunciado que reducirá la cooperación internacional al desarrollo hasta el mínimo exigido legalmente.
El acuerdo también plantea priorizar, cuando sea posible, la colaboración con países que participen en procesos de retorno y reagrupación de menores migrantes con sus familias. Esta vinculación entre cooperación y política migratoria ha generado críticas entre organizaciones sociales y entidades defensoras de los derechos humanos.
La decisión supone un cambio relevante en la orientación de la cooperación de Castilla y León, una comunidad que en 2025 destinó aproximadamente el 0,07 % de su presupuesto autonómico a Ayuda Oficial al Desarrollo.
Andalucía y Aragón también reducen su compromiso
En Andalucía, el acuerdo de gobierno contempla reducir progresivamente las subvenciones de cooperación internacional cuando no se considere que repercuten directamente en la calidad de vida de la población andaluza.
La financiación autonómica destinada a esta materia ya había experimentado una caída importante durante los últimos años. Según la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, el presupuesto pasó de 47,3 millones de euros en 2018 a 18,8 millones en 2025. Esto representa menos del 0,04 % del presupuesto de la comunidad.
Aragón también se encuentra entre las comunidades que destinan un porcentaje menor de sus cuentas a la cooperación al desarrollo. Las organizaciones del sector denuncian que la reducción acumulada compromete la continuidad de proyectos y debilita la capacidad técnica construida por las administraciones y las ONG.
Proyectos y compromisos que pueden quedar interrumpidos
Las entidades de cooperación recuerdan que estos programas no suelen consistir en actuaciones aisladas. Muchos proyectos se desarrollan durante varios años junto a organizaciones locales y trabajan en ámbitos como la educación, la salud, el acceso al agua potable, el saneamiento, la protección de la infancia o la generación de empleo.
La retirada repentina de la financiación puede dejar intervenciones incompletas, reducir su impacto y romper relaciones de confianza establecidas con las comunidades participantes.
También puede provocar la pérdida de conocimiento especializado y puestos de trabajo dentro de las propias comunidades autónomas, ya que una parte de los fondos financia equipos técnicos, formación, sensibilización y educación para la ciudadanía.
Una inversión todavía alejada del 0,7 %
En 2025, las comunidades autónomas españolas presupuestaron conjuntamente 334,4 millones de euros para cooperación internacional. La media autonómica se situó en el 0,12 % del presupuesto, equivalente a unos 8,5 euros por habitante al año.
Aunque la cifra total aumentó ligeramente respecto al ejercicio anterior, la evolución fue muy desigual entre territorios y continúa lejos del objetivo histórico de destinar el 0,7 % de los recursos públicos a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Las coordinadoras de ONG reclaman que la cooperación autonómica no se plantee como una competencia entre las necesidades locales y la solidaridad internacional. Los gobiernos que promueven los ajustes, por su parte, sostienen que se trata de reorganizar el gasto público y concentrarlo en políticas que produzcan resultados directos y medibles para sus ciudadanos.
La aplicación concreta de los nuevos presupuestos determinará si estas decisiones se traducen en una reorientación de la cooperación o, como temen las organizaciones sociales, en la desaparición efectiva de numerosos programas.
Artículo elaborado a partir de la información publicada por elDiario.es y contrastada con datos de la Junta de Castilla y León, la Coordinadora Andaluza de ONGD y otras fuentes públicas y sectoriales.