Varias comunidades autónomas reducen o revisan sus fondos destinados a cooperación internacional en un contexto marcado por los acuerdos políticos entre PP y Vox
Las organizaciones de cooperación al desarrollo alertan de un cambio de rumbo en varias comunidades autónomas españolas, donde los fondos destinados a solidaridad internacional se han reducido o se encuentran en revisión. El debate se ha intensificado especialmente en territorios como Aragón, Extremadura, Castilla y León o Andalucía, donde los acuerdos políticos entre PP y Vox han incorporado el argumento de la “prioridad nacional” como criterio para replantear estas partidas.
Aragón, uno de los casos más significativos
Uno de los ejemplos más visibles es Aragón. Según recoge El País, desde 2024 los fondos autonómicos destinados a cooperación se redujeron cerca de un 77%, hasta situarse en 1,44 millones de euros, lo que representa alrededor del 0,02% del presupuesto regional. La cifra supone uno de los niveles más bajos de los últimos años y ha generado preocupación entre entidades sociales y organizaciones de cooperación.
El portal de presupuestos del Gobierno de Aragón recoge que el programa de cooperación al desarrollo se mantiene bajo la prórroga del presupuesto de 2024, a la espera de la aprobación de nuevas cuentas autonómicas.
Las ONG advierten del impacto en proyectos sobre el terreno
Las entidades sociales señalan que estos recortes no solo afectan a estructuras administrativas o convocatorias públicas, sino también a proyectos concretos en países donde las ONG españolas mantienen líneas de trabajo estables. Algunas organizaciones han tenido que reducir iniciativas, abandonar proyectos o replantear sus actividades por la caída de financiación pública.
El impacto puede sentirse en programas vinculados a derechos humanos, igualdad, seguridad alimentaria, formación, atención social o apoyo a comunidades vulnerables. Para las ONG, la cooperación internacional no debe entenderse como una política ajena a la realidad local, sino como una respuesta compartida ante desafíos globales como la pobreza, los desplazamientos forzosos, la violencia, la emergencia climática o las desigualdades.
Una tendencia desigual entre comunidades
La situación no es homogénea en todo el territorio. Según datos recogidos por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, la media de los presupuestos autonómicos destinados a cooperación en 2025 se situó en torno al 0,12%, muy lejos del objetivo del 0,7%. Los porcentajes más bajos correspondían a Murcia, con un 0,01%, y a Madrid y Aragón, ambas con un 0,02%. En el otro extremo, Euskadi y Navarra se situaban entre las comunidades con mayor esfuerzo presupuestario, aunque también por debajo del objetivo del 0,7%.
La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global reconoce la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad de la cooperación española y recoge el compromiso de avanzar hacia el 0,7% de la Renta Nacional Bruta como Ayuda Oficial al Desarrollo en el marco de la Agenda 2030.
El debate: prioridad nacional o responsabilidad global
Los gobiernos y formaciones que defienden los recortes argumentan que los recursos públicos deben priorizar las necesidades internas, especialmente en ámbitos como vivienda, mayores, servicios sociales o dificultades económicas de la ciudadanía. Frente a esta posición, las ONG sostienen que la cooperación no compite con las políticas sociales nacionales, sino que forma parte de una responsabilidad pública más amplia ante problemas globales que también terminan teniendo efectos locales.
El debate, por tanto, no es únicamente presupuestario. También plantea una cuestión de modelo: qué papel deben desempeñar las comunidades autónomas en la cooperación internacional y hasta qué punto la solidaridad exterior debe mantenerse como política pública estable o quedar supeditada a los cambios de gobierno.
La cooperación autonómica, en un momento decisivo
La reducción de fondos en algunas comunidades llega en un contexto internacional especialmente complejo, marcado por crisis humanitarias, conflictos, desigualdades crecientes y recortes en ayuda al desarrollo por parte de diferentes países donantes. En este escenario, las organizaciones sociales reclaman estabilidad presupuestaria, diálogo institucional y una visión de largo plazo.
La cooperación autonómica ha sido durante años una parte relevante del sistema español de ayuda al desarrollo. Su futuro dependerá ahora de las prioridades políticas de cada territorio, de la presión de la sociedad civil y de la capacidad de las administraciones para mantener compromisos más allá del ciclo electoral.