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2024 está siendo, sin duda, un año convulso a nivel internacional. Las portadas de los medios de comunicación se han visto copadas por guerras y violencia. También por los más de 70 procesos electorales que se han celebrado en diferentes lugares del planeta. Quizás esa perspectiva pueda ser una buena definición de todo lo que nos acontece, a
nivel global y local, pues parece que la paz y los valores democráticos necesitan más que nunca ser refrendados por una ciudadanía comprometida, movilizada y crítica.
Se cumple un año del inicio de una violencia sin medida contra Israel en Palestina y, ahora, en el Líbano. Un conflicto que hace temblar y contener la respiración al mundo y al que la ciudadanía española ha respondido con movilizaciones en todos sus pueblos y ciudades con unas demandas claras: la paz como único camino y la imperiosa necesidad de que el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea respetado, sin excepción.
Y no podemos olvidar los conflictos que se extienden en el tiempo como Ucrania, Sudán o el Sahel. La realidad es que el planeta sufre el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial y millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados. Los discursos belicistas, las ya tangibles consecuencias de la emergencia climática y
el retroceso de derechos, han hecho que el número de personas desplazadas en el mundo alcance su cifra más alta de la historia; más de 117 millones, según ACNUR, siendo la mayor parte desplazadas internas.
Una realidad en la que es más necesaria que nunca la empatía y la cooperación entre pueblos, a pesar de que las organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos estén sufriendo persecución en multitud de países como Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Paraguay, Palestina o Tanzania. Una persecución política precisamente por su trabajo en defensa de la justicia global.
Se ha creado un caldo de cultivo perfecto para quienes quieren hacer proliferar las narrativas de odio. El miedo se convierte en una herramienta potente de desinformación masiva; que se nutre muchas veces de la apatía e indiferencia de quienes callan ante estas lógicas discursivas. Ante esto, de nuevo, la paz, la justicia social y la solidaridad son los valores que deberían acaparar las portadas de los medios; esos principios que han edificado las sociedades modernas, en los que creemos y sobre los que queremos seguir trabajando.
Como contraste, los datos de la última encuesta del CIS, del pasado septiembre, lanzan un mensaje esperanzador, pues más del 70% de las personas preguntadas aseguran que se deberían hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a las regiones que sufren de manera más acuciante las desigualdades. Frente a los esfuerzos insolidarios de algunas opciones políticas, la solidaridad sigue siendo una seña identitaria de nuestros territorios.
Es desde este amplio apoyo desde el que reclamamos, un año más, una respuesta política a la altura de su ciudadanía, y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional, estatal, autonómico y local. Con el objetivo del 0,7% del PIB destinado a AOD para 2030, establecido en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y en legislaciones autonómicas, la realidad de los presupuestos estatales y autonómicos dedicados a la Ayuda Oficial al Desarrollo. La media del porcentaje destinado por las CCAA a AOD en 2024 se sitúa en el 0,12% y 6 de ellas destinan un presupuesto inferior al 0,06%. Unas cifras poco alentadoras que motivan nuestra movilización como sociedad civil activa.
No debemos olvidar que la cooperación descentralizada ha sido históricamente una singular característica del sistema de cooperación español, y cuyo aporte de fondos públicos ha sido crucial para todas las entidades dedicadas a la cooperación, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global desde los enfoques feministas, de derechos humanos, ecologista y de paz. Una seña que debe volver a recobrar su importancia, permitiendo la articulación y participación social en las diferentes esferas y niveles.
Propuestas para una cooperación descentralizada transformadora
La voluntad social ha quedado manifiesta, y se refuerza en cada acto y respuesta de solidaridad ante las crisis que pretenden cuestionar la paz social; ha llegado el momento de que esa voluntad sea recogida por las autoridades públicas en forma de compromisos. Por ello lanzamos las siguientes demandas al gobierno autonómicos y a los locales:
1.- Cumplir con el compromiso del 0,7% y con los objetivos marcados por los Planes y legislaciones autonómicas. Los gobiernos deben ser consecuentes y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Lejos de utilizar la cooperación internacional como moneda de cambio en los pactos entre partidos, en un ejercicio de transparencia y coherencia deben cumplir con aquellas responsabilidades asumidas en el seno de sus Planes Directores y legislaciones; especialmente en materia presupuestaria.
2.- Contribuir al alto el fuego permanente en Palestina y poner fin al comercio de armas con Israel. En el mes en el que se cumple un año desde el inicio de una escalada de violencia sin precedentes, reclamamos medidas urgentes enmarcadas en los 5 puntos demandados por las organizaciones de la sociedad civil: un alto el fuego inmediato y permanente, que contribuya a frenar la escalada de violencia que se está extendiendo en la región; un acceso humanitario suficiente y sostenido; el respeto al Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos; el fin del comercio de armas con Israel; y una solución negociada al conflicto.
3.- Solidaridad frente al miedo. Ante el auge de discursos de odio y desinformación, es fundamental apostar por narrativas que construyan y refuercen los lazos de solidaridad entre pueblos y territorios. Una manifestación de los valores que mueven a la ciudadanía y que han construido la sociedad que somos. Una respuesta sólida antes las amenazas o intentos de acallar a quienes luchan por la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida.
4.- La participación y sostenibilidad de los espacios cívicos. Las ONGD deben tener garantizada su seguridad y la sostenibilidad de su trabajo en los contextos más complejos, y esto implica, además de un refuerzo inapelable de los valores democráticos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, un apoyo presupuestario y unos mecanismos accesibles y coherentes de financiación, que permitan a entidades grandes y pequeñas acceder a las convocatorias de financiación pública sin obstáculos ni mensajes de deslegitimación.
5.- Coherencia de políticas. Instamos a las administraciones públicas a que contemplen este principio de gobierno en todos sus niveles y lo acompañen de medidas concretas para promover una transición justa fomentando la compra pública responsable, la economía circular, el comercio justo y la descarbonización. No tenemos planeta B y el tiempo se agota.
6.- Una cooperación transformadora. Es imperante apostar por políticas de cooperación que tengan como objetivo el desarrollo sostenible frente a la emergencia climática y que se consoliden desde enfoques basados en los derechos humanos, la igualdad de género y la cultura de paz. Queremos una cooperación que ponga en el centro la vida, entendiendo que vivimos en un mundo interconectado en el que, por tanto, necesitamos una mirada interseccional para hacer frente a las múltiples realidades existentes.
Como Organizaciones de Desarrollo, nuestros compromisos son la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad de la vida y del planeta. Asumimos la responsabilidad que esto implica, también en nuestro trabajo diario para hacer frente a los desafíos y apostar por la transformación social.
Por ello, sigamos apostando por una cooperación en la que creemos, que nos permite acercarnos, organizarnos y crear algo mucho más grande. La realidad nos interpela, nuestros territorios se movilizan y queremos seguir trabajando por un mundo que no deje a nadie atrás.